El Ecuador, entre la narcoviolencia y la incertidumbre política
“No habíamos estado preparados para esto” dijo el entonces viceministro de Seguridad al periodista que le entrevistaba en un importante medio de comunicación, en marzo de 2022. Las palabras del funcionario expresaban estupor ante la imparable ola de violencia que desde la pandemia del covid-19 afecta visiblemente al país entero y no solo al “triángulo territorial” conformado por las provincias del Guayas, Manabí y el Oro, en la costa ecuatoriana. En ellas se encuentran los puertos más grandes y activos del Pacífico por donde se exporta ilícitamente la droga que viene en contenedores por las carreteras del país, procedentes de Colombia y el Perú, los dos más grandes productores de cocaína del mundo. Los puntos de entrada de la droga colombiana incluyen las zonas colindantes del Mataje, Carchi (en la costa y sierra norte respectivamente) y Sucumbíos, Amazonia norte ecuatoriana.
El Ecuador es actualmente el segundo país del mundo en incautación de cocaína, que desde el 2021 hasta lo que va del 2023 supera las 200 toneladas anuales. Pero este rol de intermediario en la cadena de comercialización desde los años 80 del siglo pasado, tácitamente tolerado por falta de una política de seguridad eficiente, hoy en día ha dado lugar a un complicado sistema criminal, implantado en todo el país, cuya mayor visibilidad está dada por la cantidad de asesinatos por mano de sicarios, acompañada de violencia macabra a plena luz del día. Esta violencia ocurre al mismo tiempo en las calles y en las cárceles en luchas Inter bandas. Entre el 2021, hasta el momento, se registran 518 asesinatos de privados de libertad en las cinco cárceles más importantes del país, que han sido tomadas prácticamente por los internos frente a la indefensión demostrada por el Estado. Desde allí, las cabezas de las bandas orientan sus estrategias delictivas y organizan las actividades que operan en las calles.
Sorprende la capacidad de las fuerzas delictivas para transformarse rápidamente y generar innovaciones permanentes en la diversificación de actividades como las “vacunas” a pequeños empresarios y negocios, además de plantar una suerte de guerra callejera contra la policía de comunidad a la que asedia en sus propios instalaciones comunitarias, las UPC.
El gobierno ha admitido la existencia de 11 bandas criminales nacionales que luchan entre sí por el dominio de territorios y mercados de influencia. Ellos serían subsidiarios de los carteles internacionales que reemplazaron a los carteles nacionales y que empezaron a copar el negocio en territorio ecuatoriano desde el año 2017. Vinculadas con otras de origen extranjero que responden a organizaciones criminales mexicanas, de los Balcanes y Albaneses que controlan los vínculos con los mercados de Europa, especialmente Bruselas y Amberes. El Ecuador, con la ciudad de Guayaquil, ha entrado en el ranking de las ciudades más violentas del mundo, en el puesto 24 y con una tasa de homicidios de 47.77%.
Mientras esta violencia urbana azota el país, existen otras preocupaciones en las zonas rurales o semiurbanas en donde prolifera la minería ilegal. La conexión de este subsistema con el anterior y con otras amenazas se ha hecho evidente en las incursiones a cargo de la Policía y las Fuerzas Armadas en las zonas tomadas por grupos ilegales, que incluyen capitales ilícitos de distintas procedencias y que incluso son protegidos por las poblaciones locales enfrentadas con la Policía.
Ahora mismo, el país está a las puertas de un cambio político inesperado, por la decisión del presidente Guillermo Lasso, elegido en 2021, de recurrir a la “muerte cruzada”, una opción constitucional de última instancia, que permite al presidente eliminar la Legislatura hostil con su gobierno, pero al mismo tiempo anticipar las elecciones presidenciales que se realizarán el 15 de octubre de este año, los ciudadanos esperan un nuevo milagro. Una suerte de oportunidad para retomar una reflexión nacional y un esfuerzo, que aparece como necesario pero monumental: depurar las instituciones del Estado, todo el sistema Judicial Penal, marcados por la politización y la corrupción.
Bertha J. García Gallegos es Profesora Emérita de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Es una autoridad y pionera en el estudio de temas de seguridad en América Latina. Recientemente, ha sido distinguida con el Alfred Stepan Lifetime Achievement Award in Defense, Public Security, and Democracy 2022 otorgado por la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA). Investigadora, autora y profesora, posee un Doctorado del Colegio de México y una Maestría por CLACSO. Coordina el boletín semestral "Democracia, Seguridad y Defensa".