Desde la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, las relaciones entre el gobierno y los militares han sido un tema de constante tensión y análisis.  En un primer momento múltiples interrogantes emergieron sobre cómo se desenvolverían las fuerzas armadas bajo su mandato.

Para entender las relaciones actuales entre el gobierno de Petro y los militares, es importante tener en cuenta el contexto histórico de Colombia. El país ha enfrentado durante décadas un conflicto armado interno con guerrillas, grupos paramilitares y el narcotráfico en el marco de una democracia débil pero constante. Los militares han jugado un papel critico en la lucha contra estas amenazas, lo que ha generado una relación cercana entre las fuerzas armadas y los gobiernos anteriores que han enfatizado una política de seguridad de mano fuerte. El ejemplo más significativo fue la gran estrategia de “seguridad democrática” del expresidente Álvaro Uribe.

Al inicio del mandato de Petro, se produjeron tensiones debido a su pasado como guerrillero perteneciente al movimiento M-19. Algunos sectores militares y políticos desconfiaban de sus intenciones y temían que su gobierno debilitara la lucha contra grupos armados ilegales. Sin embargo, el presidente Petro recalcó que su pasado era historia y que estaba comprometido con el proceso democrático y la paz. 

En este proceso Petro y su gobierno han buscado establecer un enfoque alternativo para abordar los desafíos de seguridad en el país. Este énfasis está sustentado en una perspectiva de seguridad humana, que da mayor énfasis en la promoción de la justicia social, el desarrollo rural y la búsqueda de una solución política al conflicto armado. Estas políticas han diferido de las estrategias militares tradicionales, lo que ha causado enorme tensión sobre todo con los exmilitares asociados en ACORE (Asociación de Militares en Retiro).

Una de las principales diferencias en la relación entre el gobierno de Petro y los militares ha sido la percepción del papel de las fuerzas armadas en el proceso de paz. Mientras que el gobierno ha buscado una mayor inclusión de las fuerzas militares en la construcción de la paz y la protección de los derechos humanos, algunos sectores militares han considerado que estas iniciativas pueden debilitar su capacidad operativa y su papel como garantes de la seguridad nacional. En este punto ha jugado un papel especial su ministro de defensa Iván Velásquez, quien no ha estado ausente de polémica por algunas de sus declaraciones.

A medida que ha avanzado el mandato de Petro, las tensiones iniciales comenzaron a ceder ante un mayor entendimiento entre el gobierno y los militares. Ambas partes han reconocido la importancia de mantener una fuerza armada profesional y bien equipada, pero también de abordar las causas estructurales del conflicto armado para buscar una paz sostenible. Nadie duda que los militares colombianos son altamente profesionales y unos de los más prestigiosos en el mundo por su subordinación a la democracia y su alta capacidad de combate.

En este sentido, la reciente promulgación de la política de bienestar de la fuerza pública, que incluye entre los puntos más importantes la democratización del ingreso a las escuelas militares con la eliminación de la matricula, el aumento del salario de los soldados regulares, asignaciones especiales para los soldados profesionales, y un incremento en los beneficios en salud, vivienda y educación para los suboficiales y oficiales es fundamental para cumplir con sus promesas de campaña.

Las relaciones entre el gobierno de Petro y los militares han sido una cuestión clave durante su mandato. El mayor desafío se encuentra en lograr un balance de poder  entre un gobierno progresista y las instituciones militares arraigadas en la tradición de seguridad nacional que hizo escuela durante la guerra fría en América Latina. Sin embargo, el compromiso con la paz y el desarrollo sostenible han permitido avances en la colaboración entre ambas partes. En última instancia, el futuro de las relaciones entre el gobierno y los militares dependerá de la voluntad de ambas partes para seguir dialogando y construir consensos en busca del bienestar de la democracia y la nación colombianas. No sin olvidar que la tradición civilista colombiana propugna por la subordinacion militar ante las autoridades democraticámente elegidas.